La regularización extraordinaria de inmigrantes prevista para 2026 no es solo una medida social. Es una decisión con impacto directo en la contratación, en la gestión de personal y en la seguridad jurídica de muchas empresas que hoy necesitan mano de obra.

Como ya sabrá por diversos medios de información, el Gobierno ha dado el primer paso para activar un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras que ya residen en España en situación administrativa irregular. La medida se articulará mediante un Real Decreto, actualmente en fase de audiencia pública (y pendiente de su aprobación y publicación en el BOE) , y podría beneficiar a más de 500.000 personas.

La regularización permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo por un año, prorrogable posteriormente por las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería, y tendrá efectos inmediatos tanto para trabajadores como para empleadores.

No se trata de una promesa difusa, sino de un procedimiento con fechas, requisitos y efectos laborales concretos, tal y como ha adelantado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

1. Marco general de la regularización extraordinaria

El Ejecutivo ha optado por la vía reglamentaria apelando a razones de urgencia social y económica. El objetivo declarado es claro: integrar administrativamente a personas que ya viven en España, reducir la economía sumergida y facilitar su acceso al empleo formal.

Podrán acogerse, en términos generales:

Personas extranjeras que hayan entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Quienes acrediten permanencia continuada durante al menos cinco meses antes de solicitar la regularización.
Solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
Personas sin antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido.

El plazo previsto para presentar solicitudes será corto: desde abril hasta el 30 de junio de 2026.

El plazo será limitado y concentrado. Llegar tarde o con documentación incompleta puede dejar fuera del proceso.

2. Qué cambia para las personas migrantes

Uno de los elementos más relevantes es que la admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar legalmente, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva.

Esto supone, por primera vez para muchas personas:

Acceso legal al mercado de trabajo.
Alta en Seguridad Social.
Cotización real y acumulación de derechos.
Acceso pleno a la sanidad pública.

Eso sí, la regularización no concede nacionalidad, no elimina la posibilidad de expulsión en caso de delito y no da ayudas automáticas.

Regularizar no es "borrón y cuenta nueva". Existen requisitos y controles que deben cumplirse desde el primer momento.

3. Impacto directo en las empresas contratantes

Para las empresas, esta regularización es algo más que una cuestión social. Es una oportunidad de ordenar relaciones laborales que ya existen o de cubrir vacantes estructurales.

La autorización concedida habilita para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional, lo que facilita:

Formalizar contratos hoy inexistentes.
Reducir riesgos ante la Inspección de Trabajo.
Incorporar personal en sectores con escasez de mano de obra.

Eso sí, la regularización no borra las obligaciones laborales previas. Cada incorporación debe analizarse caso por caso.

Atención. Contratar sin revisar correctamente la situación anterior puede generar responsabilidades laborales o sanciones.

4. Sectores especialmente afectados

El impacto será especialmente intenso en sectores donde la mano de obra extranjera es estructural:

Agricultura y campañas agrícolas.
Hostelería y restauración.
Construcción.
Servicios de cuidados y atención domiciliaria.
Actividades auxiliares y de baja cualificación.

En estos ámbitos, la regularización puede transformar empleo informal en relaciones laborales estables y planificables.

La regularización no sustituye al cumplimiento del convenio colectivo ni de la normativa laboral sectorial.

5. Asesoramiento

Este proceso no es automático ni sencillo. Requiere criterio técnico y planificación, especialmente en:

Acreditación de la permanencia en España.
Preparación de documentación válida.
Formalización correcta de contratos y altas.

Coordinación entre empresa, trabajador y administración.

Una actuación anticipada permite convertir la regularización en una ventaja, no en un problema.

La saturación administrativa será elevada. Improvisar aumenta el riesgo de errores difíciles de corregir.

6. Lo que no es esta regularización (y conviene aclarar)

La regularización no implica:

Derecho a voto en elecciones generales.
Nacionalidad española automática.
Libre circulación por la Unión Europea.
Acceso automático a prestaciones o ayudas.

Lo que concede es residencia y trabajo legal en España, con los mismos derechos y obligaciones laborales que cualquier otro trabajador.

Atención. Creer que la regularización "lo arregla todo" es una de las causas más habituales de decepción posterior.

7. Entrada en vigor y cautela necesaria

El texto definitivo aún no está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y deberá superar los trámites preceptivos, incluido el informe del Consejo de Estado. Hasta entonces, no pueden presentarse solicitudes. Desde la Administración se insiste en consultar solo fuentes oficiales y evitar intermediarios no acreditados

Prepararse ahora es prudente. Actuar antes de tiempo o con información no oficial es un riesgo innecesario.

La regularización extraordinaria de 2026 no es solo una medida migratoria. Es una oportunidad laboral, empresarial y organizativa. Para las personas migrantes, supone trabajar con derechos. Para las empresas, contratar con seguridad. Y para quienes asesoran, acompañar el proceso marca la diferencia.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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